Para todos los colombianos era evidente la implosión del proyecto gubernamental de amalgamamiento de los poderes públicos que soportaba la aprobación generosa y expedita del acuerdo de La Habana; este nuevo orden dejaba al país ante el más claro descuadernamiento institucional: Un presidente desconociendo las decisiones del Congreso, una juez "extralimitándose y usurpando funciones del legislativo" y un Congreso desconociendo las decisiones judiciales. Paradójicamente eran las extralimitaciones constitucionales y legales incluidas por el gobierno en el acuerdo de La Habana las que comenzaban a resquebrajar el proceso y a restarle seriedad y credibilidad. El objetivo de conseguir una paz a cualquier precio planteado por el gobierno nacional implicaba muchos sacrificios, y una de las primeras sacrificadas fue precisamente la justicia genuina a la cual hacía referencia HRW. Las palabras de la Fiscal Bensouda develaron el formidable acto de ilusionismo jurídico desarrollado por el gobierno en la mesa de negociación de la Habana y aterrizaron estrepitosamente las ilusorias pretensiones de generar doctrina servil sobre el articulada del estatuto de Roma.
