asistimos en la actualidad a una perversa utilización del derecho penal por parte de la clase política en su conjunto. tal fenómeno, verdadero populismo punitivo, implica un permanente recurso al derecho penal para hacer frente a determinados problemas sociales caracterizados, con frecuencia, por su repercusión mediática. y estas políticas populistas responden a una ideología antidemocrática que inexorablemente gana terreno sin encontrar apenas resistencia. el ya residual pensamiento de izquierdas parece resignado ante la promoción de la idea de la seguridad ciudadana a principio rector de todo el derecho penal y de éste a principal elemento vertebrador de un determinado modelo de estado cuya crisis abona la restricción de los derechos individuales. los partidos políticos, en el poder o en la oposición, se empeñan en una irresponsable pugna por satisfacer las poco matizadas demandas populares y demostrar quienes son menos transigentes ente la delincuencia, si los decididamente reaccionarios o los pretendidamente progresistas. han descubierto -todos-que el endurecimiento del derecho penal se traduce en un semillero de votos y que, por el contrario, cualquier signo de benevolencia en dicho ámbito les puede pasar una elevada factura electoral. la peripecia reformadora del derecho penal español, de adultos y de menores, es buena prueba de ello.
