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La evidencia en el procedimiento penal
Morales Brand, José Luis Eloy
Synopsis "La evidencia en el procedimiento penal"
Al implementarse el modelo acusatorio, siguen sin definirse definir claramente los requisitos y alcances de las actividades probatorias, en el enfrentamiento que se da con los derechos de las personas involucradas en el proceso, por lo que existen pocas investigaciones relacionadas con tales requisitos, sus alcances y la eficacia de protección desde la perspectiva internacional, nacional, y sobe todo operativa. En este sentido, uno de los principales fines del sistema penal acusatorio, es resolver el conflicto con el mínimo malestar a los derechos de los involucraos, de ahí que el principio de comprobación exija demostrar la existencia de los hechos, pero con el pleno respeto a los derechos humanos y fundamentales.
De ahí que este texto es útil y pertinente, ya que se explica y precisan los requisitos que deben cumplir las actividades probatorias en el procedimiento penal acusatorio, para ser calificadas de legítimas al respetar y garantizar los derechos humanos y fundamentales de los involucrados. Así, establecemos cuáles son los elementos que debe contener cada actividad probatoria para que sea una intervención legítima de los derechos, cuando sea necesario para resolver el conflicto penal.
Una de las principales omisiones en el sistema penal es la protección de los derechos de los involucrados, tratando de justificar actividades probatorias de autoridades que siguen trabajando con el modelo del sistema inquisitivo. Lo anterior debe ser motivo de investigación y tratamiento, puesto que la reforma no se traduce en establecimiento simple de audiencias orales, sino en la transmisión del poder y las funciones del Ministerio Público a los órganos jurisdiccionales, para que se realice eficazmente el principal derecho constitucional de los ciudadanos (víctimas e imputados) de ser juzgados por los jueces. Esto conllevará a la posibilidad de que los procedimientos penales, trabajen desde la perspectiva de protección de derechos de ambas partes, con la finalidad de resolver el conflicto de intereses de la forma más efectiva y menos lesiva para ellos.
