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Los Medios de Impugnacion en Materia Administrativa
Alberto C. Sanchez Pichardo
Synopsis "Los Medios de Impugnacion en Materia Administrativa"
Esta novedosa y útil obra nos acerca a la práctica forense del derecho administrativo, permitiéndonos el conocimiento de las vías por las que el particular puede combatir resoluciones de carácter administrativo-fiscal que le afecten. Libro práctico y profundo que muestra la jurisprudencia y la doctrina de la práctica forense del derecho administrativo, así como formularios que ilustran al lector. Se tratan los dos campos de la práctica forense administrativa: la materia oficiosa y la contenciosa. La primera comprende los recursos administrativos que la ley establece a favor del particular para que éste solicite, ante la autoridad emisora del acto, la revocación de sus propias determinaciones por ilegalidades cometidas durante la formación de dicho acto. La materia contenciosa, en cambio, tiene que ver con un proceso legal en que el particular está combatiendo al Estado, formándose una litis sobre la que una autoridad materialmente judicial, pero formalmente administrativa como lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa habrá de pronunciarse mediante una resolución definitiva, o bien una autoridad formal y materialmente judicial se pronunciará al respecto, como en el caso del juicio de amparo en materia administrativa. El derecho forense administrativo es de vital importancia para comprender las relaciones entre el Estado y los particulares, porque puede decirse que los intereses del Estado y los de los gobernados están contrapuestos cuando aquél actúa en su carácter protestativo y de autoridad, toda vez que el primero es el acreedor y el segundo, el deudor y obligado de la prestación. En este caso, tanto el sujeto activo como el pasivo tendrán que hacer uso de los medios legales para hacer valer sus intereses, sea para obligar al particular o hacer lo que la ley le determina, o bien enfrentar al Estado para limitar sus actos y que sólo haga lo que tiene permitido por el marco jurídico que nos rige y al cual está sometido por el principio de legalidad.
