La obra sostiene que la Constitución mexicana, armonizada con la jurisprudencia nacional e interamericana, garantiza a los ciudadanos indígenas sus derechos político-electorales para integrar órganos de representación popular y participar de manera directa en la dirección de los asuntos y las políticas que inciden en sus derechos y en la vida de sus pueblos y comunidades. Lo anterior, de forma especial, a través de los partidos políticos, los cuales en su calidad de entidades de interés público deben promover la participación del pueblo en la vida democrática. En su argumentación, el autor expone la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual, al ser de naturaleza progresiva, determina la existencia de las condiciones jurídicas para materializar la efectiva tutela de esos derechos bajo los parámetros del control constitucional y convencional.
