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Víctimas y sus derechos en el proceso penal acusatorio
Morales Brand, José Luis Eloy
Synopsis "Víctimas y sus derechos en el proceso penal acusatorio"
Este libro es producto del proyecto de investigación PID16-1 “La víctima y sus derechos en el sistema de justicia penal acusatorio mexicano”, que desarrollé en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde preciso nuevas formas de entender el derecho de las víctimas a tener derechos, como ser un sujeto procesal con participación directa, asesoramiento y control de actuación de autoridades, para lograr una mayor satisfacción de sus necesidades, una reparación integral más adecuada y un verdadero acceso a la justicia.
El Sistema de justicia penal, como mecanismo de control social, opera en el caso de que la conducta exterior del sujeto afecte a otro: la víctima. Este sistema tiene como objetivo la protección de la convivencia de los seres humanos en la comunidad mediante la represión de la criminalidad; sistema que debe sujetarse, invariablemente, al Garantismo Penal de un Estado Constitucional de Derecho, que implica el reconocimiento y respeto de la dignidad humana de todo involucrado en un delito (imputado, víctima, sociedad), provocando un acceso a la justicia con respeto a sus derechos humanos.
En México, anterior a la creación de la Constitución de 1917, el sistema punitivo imperante era inquisitivo que se basaba en la presunción de culpabilidad y, por ende, la prueba de confesión era la más importante, pues obteniéndose, el procedimiento era de mero trámite. A partir de 1917 nuestro sistema penal está basado en el principio acusatorio, de la carga probatoria, de contradicción y, en consecuencia, de la presunción de inocencia, pero las leyes secundarias y la práctica penal han contradicho a la Constitución, y los tribunales han emitido criterios respaldando hechos violatorios de esos derechos constitucionales, y regularmente olvidando al afectado del hecho delictivo. De ahí surgieron reclamos para una reforma del sistema de justicia penal, y se genera la reforma Constitucional de 18 de junio de 2008, donde se implementó un Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México, con la finalidad de lograr una disminución de las violaciones a derechos humanos en la aplicación de la reacción punitiva, las cuales se dan mayormente en las fases de investigación y ejecución, por parte de autoridades de investigación, acusadores y ejecutores.
El Procedimiento penal acusatorio que se ha estado implementando a partir de esa fecha, tiene por finalidad esclarecer los hechos para determinar si son punibles y declararlos como delito, proteger al inocente del Estado y los particulares, procurar que no se genere impunidad contra el culpable, que los daños causados se reparen, asegurar el acceso a la justicia, mantener el orden jurídico y restablecer la armonía social, en un marco de respeto a los derechos humanos, fundamentales y garantías previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos del que el Estado Mexicano sea parte, y toda normatividad que derive de ellos.
A pesar de lo anterior, la situación histórica que prevalece, es de olvido de la víctima, mientras se aseguran los derechos del imputado. Esto se entiende, si se toma en cuenta que, originariamente, en un modelo inquisitivo, la única parte interesada era el Estado, mientras los seres humanos involucrados eran objetos de prueba en el proceso, de ahí que al imputado se le violentaran gravemente sus derechos, mientras la víctima sólo era indispensable como medio de prueba, sin tener derechos que exigir. Se entiende, pero no se justifica, pues uno de los principales fines del nuevo sistema penal acusatorio, es la de garantizar la integridad psíquica y física de la víctima, y repararle integralmente el daño que se le ha causado.
La finalidad de este trabajo es compartir esas nuevas visiones de la juridicidad, que influyen en la idea alternativa y garantista de los derechos de las víctimas para lograr su satisfacción, una reparación integral más adecuada y un verdadero acceso a la justicia. Es decir, que la reforma no quede en simple papel, sino que sea realmente aplicada, y ayude a resolver el problema de manera justa, atenuando la reacción del sistema represivo, y ayudando a satisfacer los derechos del afectado por el delito.
